A nivel práctico, una de las principales diferencias entre los tres conceptos está en el riesgo técnico y/o cercanía al mercado: la investigación cubriría las etapas de mayor riesgo, más alejadas del mercado (generación de conocimiento nuevo sin una aplicación directa e inmediata); la innovación se refiere a actividades próximas al mercado, con riesgo técnico bajo (mejoras sobre productos, servicios o procesos ya existentes con una aplicación e incorporación directa al mercado); y el desarrollo cubriría etapas intermedias, con riesgo técnico intermedio, proyectos no muy próximos al mercado, donde se parte de conocimiento generado en la investigación, o ya existente, y se conciben nuevos productos, servicios o procesos.

La legislación que regula las deducciones fiscales por actividades de I+D+i sólo atiende a la innovación desde el punto de vista tecnológico para productos y procesos (excluyendo innovación en la organización empresarial y comercial): actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes, considerándose nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad.

Las ayudas públicas a las actividades de I+D+i suelen gestionarse por convocatorias cuyas características se concretan en el momento de publicación (habitualmente en el correspondiente Boletín Oficial). Por ejemplo, a nivel nacional, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ofrece un servicio gratuito de suscripción a contenidos (RSS) de algunos canales temáticos, entre los que se encuentra el de “Ayudas”.

Asimismo, existen portales de búsqueda de ayudas on-line alguno de los cuales dispone de servicios de alerta al correo electrónico. Por ejemplo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial dispone de un mapa de ayudas y de una red de puntos de apoyo a la I+D+i (red pIDI) que ofrece asesoramiento experto sobre los distintos programas de ayudas. Además, el Ministerio de Industria, Energía, y Turismo tiene el portal de ayudas Ayud@tec en el que se resumen las principales convocatorias de este organismo. Por otra parte, el Ministerio de Economía y Competitividad también dispone de un apartado específico en su web para todo lo relativo a las ayudas y convocatorias que gestiona.

Por lo general, un proyecto de I+D+i podría acceder a varias ayudas de manera simultánea, siempre y cuando la intensidad de la ayuda concedida respete los límites establecidos en el Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01). No obstante, hay que tener en cuenta que en las bases de cada convocatoria particular se pueden establecer criterios de incompatibilidad con otras ayudas públicas concedidas para el mismo proyecto o actuación.

La intensidad máxima de ayuda a la que puede acceder un proyecto concreto debe ajustarse a los límites establecidos en el Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01). La intensidad de ayuda máxima para un proyecto dependerá del tipo de empresa (pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa) y del tipo de proyecto.

Para saber si las ayudas de un proyecto están dentro de estos límites se debe calcular la intensidad de ayuda acumulada (la suma de las distintas ayudas recibidas). Cuando se obtenga una ayuda en cualquier forma distinta de la subvención, el importe de la ayuda se considerará como el equivalente de subvención de la misma (subvención neta equivalente). El tipo de interés que deberá emplearse a estos efectos es el tipo de referencia aplicable en el momento de la concesión para créditos a empresas.

Ambos tipos de ayuda son compatibles. Simplemente hay que tener en cuenta que las subvenciones recibidas para la ejecución de un proyecto de I+D+i afectan a la cuantía de las deducciones fiscales que se pueden obtener por la realización del mismo.

Según la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. Dentro de esta categoría de PYME, se define:


Si la empresa está asociada o vinculada a otras, las anteriores definiciones aplican (con carácter general pero extendidas), a partir de ciertos porcentajes de participación, a las empresas relacionadas.

 

El documento “La nueva definición de PYME: guía de usuario” incluye varios ejemplos prácticos que pueden ayudar a una empresa a analizar su situación particular.

El Reglamento de minimis (CE nº 1998/2006) elimina la obligación de notificar las subvenciones de poca cuantía a la Comisión Europea siempre y cuando se den ciertas circunstancias (el total de las ayudas de minimis concedidas a una empresa durante un periodo de 3 ejercicios fiscales no debe exceder de los 200.000 € -100.000 € para las empresas del sector de transporte por carretera-).

A efectos prácticos, en el texto de una convocatoria pública de ayudas debe venir referenciado si se trata de una ayuda acogida o no al reglamento de minimis y las empresas suelen verse obligadas a presentar en el momento de la solicitud y/o justificación de la ayuda una declaración de otras ayudas de minimis concedidas.

Los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) son instituciones de investigación de carácter público y de ámbito nacional que, junto con las universidades públicas, forman el núcleo básico del sistema público de investigación científica y desarrollo tecnológico español. Entre los OPIs se pueden incluir el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) o el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Pueden existir términos más amplios como Centros u Organismos de Investigación que engloben otras entidades además de los OPIs.

Así, es conveniente comprobar qué entiende cada convocatoria/organismo gestor por organismo de investigación.

Las ayudas estatales a la I+D+i deben tener efecto incentivador, es decir, deben provocar un cambio en el comportamiento del beneficiario de manera que éste incremente su actividad de I+D+i (apartado 6 del Marco Comunitario sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación (2006/C 323/01)).

Según esta disposición, las actividades de I+D+i deben iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda porque, en caso contrario, se considera que las ayudas no ofrecen incentivos al beneficiario para ejecutar el proyecto en cuestión.

Si el proyecto de I+D+i para el que se solicita la ayuda se inicia con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, el efecto incentivador queda automáticamente demostrado en las siguientes situaciones:

• Ayudas a proyectos de I+D+i y estudios de viabilidad para PYMEs y con importes de ayuda inferiores a 7,5 millones de euros por proyecto y por PYME

• Ayudas a los costes de derechos de propiedad industrial para PYMEs

• Ayudas a empresas jóvenes e innovadoras

• Ayudas para servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación

• Ayudas al préstamo de personal altamente cualificado

En otra situación, las empresas que soliciten una ayuda deberán demostrar su efecto incentivador para incrementar el nivel de las actividades de I+D+i (se debe presentar un análisis que compare la situación con y sin la ayuda solicitada empleando criterios como el incremento del volumen del proyecto, del ámbito, de la rapidez o del gasto empleado en I+D como porcentaje del volumen de negocio.